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Madrid, 24 de noviembre de 2021. 

El portavoz del grupo municipal Más Madrid, Miguel Montejo, responsabiliza a la Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, por la autorización de las manifestaciones neonazis de Chueca producidas el pasado 18 de septiembre. Además, exige el cese de los mandos operativo y funcional del Servicio de Análisis de la Información (SAI).

Imágenes de los manifestantes de ultraderecha en Gran Vía (Fuente: Amina Ould)

Inmaculada Sanz afirma que “desconocía esa información” ya que la Policía Municipal trasladó, “siguiendo los cauces habituales”, la petición de los organizadores de la manifestación a la Policía Nacional.  Días antes de la marcha, la Policía Municipal elaboró un informe donde se exponía información acerca del perfil de los manifestantes y avisó de que existía “alto riesgo de que se cometieran delitos de odio”. 

Más Madrid, por su parte, pide el cese del director general y el comisario principal de la Policía Municipal de Madrid por “no informar” a la Delegada de Seguridad y Emergencias de este asunto. Montejo afirma que el grupo municipal ha presentado un escrito a la Delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid y a Fiscalía para que se encarguen del asunto. 

Manifestación con gritos homófobos

La manifestación, que reunió a cerca de 200 personas, se llevó a cabo en el barrio de Chueca el pasado 18 de septiembre y se convocó con el lema “Di no a la Agenda 2030/2050”. Sin embargo, durante la misma, se escucharon gritos de “¡Fuera, sidosos, de Madrid!” y cánticos homófobos contra los vecinos del barrio. 

Esta manifestación fue convocada por Madrid Seguro y la asociación de vecinos de San Blas-Canillejas. Ambas de ultraderecha y que se muestran contrarias a la inmigración y buscan el apoyo social solamente a ciudadanos españoles. 

Entre los organizadores se encuentra el nombre de Alberto Ayala de Cantalicio, conocido por la Policía por su historial de detenciones. Fue detenido en 1995 por ser “autor de una agresión con arma blanca”, por incidentes ocasionados en el distrito de San Blas por ataques a ciudadanos rumanos o por disturbios tras un partido del Real Madrid junto a otros miembros de Ultra Sur. 

A Ayala de Cantalicio y a otro organizador se les ha impuesto una multa de 600 euros ya que el propósito de la marcha no era el que se había comunicado. Además, la Delegación del Gobierno en Madrid ha afirmado que se ha abierto un expediente sancionador administrativo junto a una multa de 800 euros a otras seis personas por encender bengalas en la calle y llevar palos durante la manifestación.