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Miércoles 19 de enero, 2022.

El Consejo de Ministros aprobó la pasada jornada el bono joven de alquiler del que, según las estimaciones, se beneficiarán alrededor de 70 mil jóvenes españoles. En la Comunidad de Madrid solo un 1,4% de las viviendas cumplen los requisitos para solicitar la medida. Los criterios de solicitud y concesión todavía no están claros. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, adelantó ayer que será en “un plazo de un mes y medio o dos meses como máximo” cuando entrará en vigor la medida. Antes de eso, tiene que celebrarse una conferencia sectorial entre las CCAA para acordar los criterios del reparto, un nuevo Consejo de Ministros para aprobar dichos criterios y una nueva reunión con los ejecutivos autonómicos.

El bono, que beneficiará a los inquilinos de entre 18 y 35 años con hasta 250 euros mensuales durante dos años, prevé beneficiar a jóvenes de toda España, a excepción de las comunidades autónomas de Ceuta, Melilla y País Vasco y Navarra por su condición de régimen foral. La partida presupuestaria destinada al bono joven será, según las cifras del propio Ejecutivo, de 200 millones de euros.

La edad, mínima y máxima, no es, sin embargo, el único criterio que los solicitantes deben cumplir. Los jóvenes que planeen adscribirse al plan, no deben superar tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Es decir, deben recibir menos de 23.735 euros al año. Además, las personas que soliciten este bono deberán estar empadronados en la comunidad autónoma en la que figuren como inquilinos.

La ayuda será de carácter individual. En las viviendas en las que residan más de una persona, como aquellas que alquilen habitaciones, cada inquilino podrá solicitar su ayuda de manera independiente. El Gobierno ha adelantado que no podrán ser beneficiarios de esta medida aquellos que residan en una vivienda cuyo importe mensual supere los 600 euros. Sin embargo, también ha avanzado que las comunidades autónomas tienen la potestad de subir el máximo a 900 euros. En el caso de las habitaciones, no podrán superar los 300 euros al mes.

¿Cuándo se podrá comenzar a solicitar?

La aprobación de la medida es el primer paso. Ahora tiene que celebrarse una conferencia sectorial entre las CCAA para acordar los criterios con los que se realizará el reparto. Después, tendrá que celebrarse un nuevo Consejo de Ministros para aprobar dichos criterios y, de nuevo, una reunión con los ejecutivos autonómicos.

El Estado será quien transfiera los fondos a las CCAA y cada una de ellas la que decida sus criterios (límite de precio máximo, etc.). A pesar de que, como anunció la ministra de Transportes, la ayuda entrará en vigor en un plazo de “dos meses como máximo”, tiene carácter retroactivo. Por lo tanto, aquellos que accedan a las ayudas, recibirán las mensualidades atrasadas desde el 1 de enero.

Solo un 1,4% de las viviendas en Madrid cumplen los requisitos

Según el portal online de alquiler y compra de pisos, Fotocasa, la oferta de viviendas por debajo de los 600 euros en Madrid es tan solo del 1,4%. En Barcelona, el 0,8%. Una situación que, en caso de que las comunidades autónomas más perjudicadas por los precios no atajen, comprometerá la concesión de la ayuda de cientos de jóvenes.

El anuncio del Gobierno del límite de precio ha sido objeto de queja entre los jóvenes que esperaban cumplir los requisitos y la clase política en los últimos días. “Un bono joven de alquiler sin control de precios es un bizum a los caseros”, ha espetado Íñigo Errejón a través de su cuenta de Twitter. “Pregunta: ¿Que impedirá a un arrendador subir 250€ el alquiler a un o a una joven que cobre el bono de 250€ de ayuda al alquiler? Respuesta: NADA. Anunciar algo así sin regular el precio del alquiler es como anunciar un sorteo a expensas de la buena voluntad del casero”, preguntó por su parte el líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

La realidad de los estudiantes universitarios en Madrid

Las comunidades autónomas que engrosan un mayor porcentaje de estudiantes universitarios provenientes de una comunidad distinta son Castilla y León, Navarra y Madrid, siendo Madrid, además, la tercera comunidad autónoma en la qué más han subido los precios en los últimos 5 años.

En estas comunidades, el 30% de los estudiantes universitarios deben pasar por la experiencia de vivir fuera de casa pagando los precios de la ciudad en la que se encuentran y los gastos del alojamiento, ya sea una residencia, un colegio mayor o un piso compartido en alquiler.

En el caso de Madrid, según los datos aportados por Brains Real State, la mayoría de los estudiantes prefieren la zona centro a la hora de alquilar un piso. El distrito Centro es uno de los más elegidos, a pesar de su elevado precio, rondando los 1.148€ mensuales de media. El barrio de Chueca-Justicia cuenta con un precio de 17,1€ por metro cuadrado. En el caso de Malasaña, otra de las zonas más elegidas por los jóvenes debido a su vida nocturna y todas las opciones de ocio que ofrece, tiene un precio de alquiler que asciende hasta los 16,67€ por metro cuadrado.

Ley de vivienda

La ley de vivienda continúa sin ver la luz. En octubre del año 2020, el Gobierno de coalición acordó llevar la nueva normativa al Consejo de Ministros en enero de 2021.

En octubre se tramitó la nueva Ley de Vivienda, que establece una serie de medidas para acercarse a otros países europeos, como Alemania o Francia, que erigieron zonas de precios tensionadas, la reserva del 30% de las nuevas promociones para vivienda social, o incentivos fiscales para la reducción de precios. Dicha ley pretendía entrar en vigor en enero de 2022.

En España, a diferencia de en esos países, más de un 60% de los jóvenes entre 25 y 29 años viven con sus padres. Agravado por las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, este número acompaña al 75% de jóvenes que expresa que el principal obstáculo para su emancipación es la “ansiedad económica”.

En Madrid, concretamente, casi 6 de cada 10 hogares supera este umbral, siendo con diferencia la región española con mayor número de hogares en esta situación. Para muchos jóvenes mantenidos por sus padres esta medida es agridulce: la inmensa mayoría de ellos no trabajan teniendo en cuenta la abismal tasa de desempleo juvenil que azota a España en comparación con sus vecinos europeos.