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En España 4,38 millones de personas sufren algún tipo de discapacidad, según se desprende de un estudio realizado por la Fundación Bequal, que recomienda flexibilizar los planes urbanísticos y destinar una mnayor inversión a la mejora de accesibilidad. Los datos del estudio fueron aportados por el director de la Fundación, José Antonio Martín en una mesa redonda sobre “La inclusión de las personas con discapacidad en la Agenda Urbana española y su contribución a los ODS”, organizada por Servimedia, el 25 de abril.

Fuente (Servimedia)

Al acto asistieron José Antonio Martín, director de Bequal; Rafael Ansó, alcalde de Cendea de Cizur (Comunidad Foral de Navarra); Mónica Silvana, eurodiputada y patrona de Bequal; y Maravillas Espín, directora general de Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas del Gobierno de España.

La Agenda Urbana 2030 es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. “No tiene colores políticos, nos afecta a cada uno de nosotros”, señaló Martín. Dentro de ésta se menciona explícitamente que sin erradicar la pobreza no puede haber desarrollo sostenible, “4,38 millones afirmaron tener algún tipo de discapacidad en 2020, los de movilidad la más frecuente, de estos un 9,6% de 16 o más años están en pobreza severa. Está demostrado que las personas con discapacidad soportan un riesgo de pobreza más elevado que los que no tienen”, explicó el director de Bequal.

Actualmente llevamos siete años de agenda. España aprobó en 2018 el Plan de Acción para implementarla, incluyendo nueve políticas “palanca”, afirmó 

AGENDAS URBANAS ADAPTADAS

En febrero del 2019, la AUE fue tomada en consideración por el gobierno, y marca la estrategia y las acciones para hacer de nuestros pueblos y ciudades lugares sostenibles. Además, pretende generar Agendas Urbanas adaptadas en el ámbito local. Por último, en junio de 2021, se puso en marcha la estrategia de desarrollo sostenible, que busca acelerar la transición ecológica y social después de la pandemia por COVID. 

La estrategia de desarrollo sostenible española identifica: un diagnóstico, unas políticas aceleradoras y unas metas. Por ejemplo, en el retro de país 1: acabar con la pobreza y la desigualdad, la palanca aceleradora sería el incremento de gasto público social en colectivos vulnerables. La AUE pone de relieve la conexión que tiene con las ciudades, en particular con el ODS 11 “ciudades y comunidades sostenibles”, que se estructura en 10 objetivos de primer nivel (estratégico), y que a su vez se despliega en 30 objetivos específicos; significando en total 291 líneas de actuación. La discapacidad sale mencionada en cuatro de esos objetivos estratégicos “esto no significa que donde no aparezca reflejado no haya cosas por hacer”, insistió Martín. Para ello, ejemplificó poniendo un caso práctico: “El 24,6% de las personas con discapacidad tienen problemas para desenvolverse con normalidad en la vivienda, ya sea el portal, las escaleras, o la propia vivienda. Por ello, uno de los puntos de la Agenda anima a las instituciones a reservar fondos para solventar las barreras arquitectónicas que impiden la movilidad”.

En el informe también destacan las buenas prácticas que ya se están desarrollando como por ejemplo en la Comunidad de Madrid, dónde se prevé que, en el trazado del metro, el 82% de las estaciones sean accesibles en 2028. 

Por último, el director de Bequal recordó que para que la propuesta de actuaciones sea efectiva ésta debe influir en: la normativa, el planeamiento, en la gobernanza y transparencia, y la financiación.

SENSIBILIZAR A LOS AYUNTAMIENTOS 

Las propuestas del estudio son voluntarias, sin embargo, muchos ayuntamientos ya están elaborando su propia Agenda 2030 colaborando con Bequal. Es el caso de Cendea de Cizur, en Navarra, su alcalde desde 2019, Rafael Ansó, explicó cómo es la situación en su municipio: “Ya contamos con algunos servicios que ofrecen trabajo a personas con discapacidad y vulnerables, pero hemos querido dar un paso más e implementar nuestra agenda urbana teniendo más en cuenta a este colectivo”. Los aspectos que van a cambiar más considerablemente en el caso particular del municipio son aquellos relacionados con la movilidad, permitiendo una mejor conexión entre los ocho pueblos que lo forman. “Disponemos de un buen remanente para ayudar en todas estas cuestiones”, aclaró. Y es que, el mes que viene presentan su propio Plan de Actuación al gobierno de Navarra, el cual ha aportado el 70% de la financiación del proyecto.

LEY ELECTORAL INCLUSIVA EN LA UE

Por su parte, Mónica Silvana, eurodiputada y patrona de Bequal, aportó la mirada europea en cuanto al asunto: “Creo que es una gran oportunidad para que la agenda urbana se materialice gracias a los fondos europeos”. Insistió en que “es fundamental” que todas estas iniciativas cuenten con la participación directa de las personas con discapacidad, y que “aún queda mucho por hacer”. “En el Consejo de la Unión Europea, por ejemplo, la consulta es casi nula y la participación es mínima. En cambio, en otras, como el Parlamento Europeo, la participación es activa y la escucha es permanente”, narró Silvana. También puso de relieve la necesidad -desde Europa-, de configurar un proceso estructurado y documentado para guiar en las consultas con personas con discapacidad y las organizaciones que las representan “En España si lo tenemos, pero en Europa todavía falta”, apuntó. 

También se hizo mención de la ley electoral europea, de la cual -la eurodiputada- adelantó que se votará la semana que viene en el Pleno de Estrasburgo y entrará en vigor en 2024. “Se parecerá a la española en que desvincula la capacidad jurídica con el derecho a voto, aunque sólo regulará la elección del Parlamento europeo, no influiría en la elección particular de cada estado miembro, ya que no tiene competencia para ello. Teniendo en cuenta que las personas con discapacidad suponen entre el 10 y 15% de la población de los países miembros, aproximadamente permitirá la participación de un millón de personas más en el proceso”, clarificó.

COMPROMISO SOCIAL

Por último, intervino Maravillas Espín, directora general de Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas, la cual dejó claro que “la Agenda 2030 es un compromiso social que tiene que ir de manera vertical, desde lo local hasta lo regional, la administración del estado y la Unión Europea”. También hizo hincapié en la “muy necesaria mirada transversal”, que debe integrar en las políticas públicas una perspectiva inclusiva para las personas con discapacidad. En su opinión, “es la única manera” para llegar a una igualdad efectiva y real. Afirmó que, desde la dirección general de Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas, están aplicando “de manera amplia” esa mirada en las tres estrategias en las que trabajan a nivel nacional; dónde se incluye la perspectiva de género y se tienen en cuenta a grupos vulnerables como las personas con discapacidad o necesidades especiales. “El desafío actual es escalar el impulso y generalizar la visión integradora en las instituciones para todos los ámbitos de la agenda urbana: movilidad, vivienda, desarrollo económico y gestión medioambiental”, finalizó Espín.