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Madrid, 19 de mayo de 2022

Eduardo Rubiño, diputado de Más Madrid, ha anunciado durante la sesión plenaria del pasado jueves que llevarán a los tribunales la decisión tomada por la Comunidad de Madrid de no sancionar al Obispado de Alcalá de Henares por realizar supuestos cursos de terapia para la homosexualidad. En palabras de Rubiño lo sucedido en el Obispado “ocurrió durante al menos una década y lo han querido dejar impune. Llegaremos hasta donde haga falta para exigir justicia. Ni la homosexualidad ni la transexualidad tienen cura, el odio sí”

Ante la falta de “pruebas”, ha explicado la consejera de Familia, Juventud y Política Social, María Concepción Dancausa, no se acordó una sanción al obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, que había sido denunciado por el periódico digital eldiario.es, de llevar a cabo supuestas terapias de conversión a homosexuales. “Los órganos competentes han actuado conforme a la legalidad vigente”, ha explicado la consejera y ha acusado a la bancada de la izquierda de que “la ley no les gusta cuando el resultado no es el que ustedes esperan”. 

“Si se niega a abrir un expediente, nos veremos en los tribunales”, ha determinado Rubiño en su turno de palabra de tras asegurar que desde Más Madrid no se va a “tolerar que lo ocurrido en el Obispado de Alcalá quede impune” y demostrará que desde la Comunidad de Madrid “se ha cometido una ilegalidad”. 

Tanto Rubiño como Santiago Rivero, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, han hecho referencia a testimonios de afectados y han citado la página web del mismo Obispado. “Los obispos deben procurar sostener con los medios a su disposición el desarrollo de formas especializadas de atención pastoral para las personas homosexuales. Esto podría incluir la colaboración de las ciencias psicológicas, sociológicas y médicas, manteniéndose siempre en plena fidelidad con la doctrina de la Iglesia”, se explica en la página web antes de determinar que si “la práctica de estos actos homosexuales no se ha enraizado, pueden ser resueltos positivamente con una terapia adecuada”. 

El pasado 2 de abril, se tramitó una denuncia en la Comunidad de Madrid por una posible infracción de la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación Sexual contra la Diócesis de Alcalá de Henares. Esta denuncia tiene su origen en una investigación llevada a cabo por un periodista de eldiario.es que se hizo pasar por homosexual y acudió a la ayuda del Obispado de la ciudad madrileña en el año 2019. 

La principal prueba de esta denuncia son una serie de grabaciones, llamadas, correos electrónicos y documentación aportados por el periodista y recogidos, tal y como explican desde el Partido Popular, de manera “ilícita”, ya que fueron obtenidos sin el consentimiento del denunciado. 

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, también ha determinado que se concluyen las actuaciones ante el posible incumplimiento de la Ley Integral contra la LGTBIfobia del Obispado de Alcalá de Henares en un informe presentado ante el Congreso de los Diputados el pasado mes de marzo. Sin embargo, Gabilondo ha explicado que pondrán “especial atención ante todo indicio de discriminación por orientación sexual”. 

Vox, por su parte, exige a la Comunidad de Madrid que se derogue la ley que no permite que se lleven a cabo este tipo de terapias. “Todas las personas tenemos derecho a recurrir a alguien que nos pueda aportar asesoramiento, acompañamiento y ayuda”, ha dicho la diputada Gádor Joya. Entre acusaciones de homofobia por parte del PSOE y Más Madrid, Gádor pide la “persecución de la mala praxis” pero que no se prohíban este tipo de actuaciones que “limitan la libertad” de las personas. 

LA CONSEJERA DE FAMILIA ACUSA A MÁS MADRID DE DELITO POR REVELACIÓN DE SECRETOS

La consejera de la Comunidad de Madrid, María Concepción Dancausa, ha acusado a los diputados de Más Madrid Eduardo Rubiño y Hugo Martínez Abarca de un posible delito de revelación de secretos a causa del expediente del caso del Obispado de Alcalá de Henares. La Comunidad de Madrid autorizó a Martínez Abarca a consultar el expediente, pero no a Rubiño. Según explica la consejera, la ley autonómica solamente permite solo a una persona acceder a estos documentos. Así, Dancausa considera que ambos actuaron de mala fe y que llevaría una queja a la Mesa. Ante esta acusación, Martínez Abarca pidió turno de palabra por alusiones pero le fue negada. Rubiño, por su parte, se defendió y afirmó que “[ambos] cumplimos con las indicaciones que nos dieron y fuimos absolutamente respetuosos con la información”.