.

NACIONAL '17

CUANDO LA POLÍTICA PERDIÓ EL JUICIO

Tras las elecciones autonómicas catalanas, vencidas por Ciudadanos pero en las que los partidos independentistas han mantenido la mayoría absoluta, Cataluña y el conjunto de España despiden un año convulso en el que se han vivido escenas que no se esperaba ver. La carrera hacia el choque de trenes que ambas partes parecían estar llevando desde hace 5 años confluyó en un estallido en el que cada acontecimiento superaba al anterior en gravedad y surrealismo. La aprobación de las leyes de desconexión por parte del Parlament, con el informe en contra de los letrados de la cámara, y con acusaciones de golpe de Estado por parte de los partidos nacionales, desembocó en una situación nunca vista en la que la tensión aumentaba con el paso de los días. La aplicación del artículo 155 de la Constitución Española y la convocatoria de elecciones han sido la solución del Gobierno a un problema sobre el que se seguirá hablando muchos años.

CATALUÑA, EL TEMA DEL AÑO

El 6 de septiembre, tras varios meses en que el Gobierno de Carles Puigdemont había insistido en que se convocaría un referéndum para el 1 de octubre, el Parlament de Cataluña aprobó la Ley del Referéndum, con 72 votos a favor, los del bando independentista, con 11 abstenciones, las de los diputados de Catalunya sí que es pot, y con la ausencia de los diputados de Ciudadanos, PSC y PP, y el presidente Puigdemont convocó ese mismo día el referéndum. Se inició entonces una carrera hacia el 1 de octubre, en la que el Gobierno de Mariano Rajoy, con el apoyo de PSOE y Ciudadanos, aseguraba que no habría consulta, y en la que los independentistas daban a entender que se saltarían el veto y votarían ese día. La acción gubernamental contra el referéndum cristalizó el 20 de septiembre, con la incautación por parte de la Guardia Civil de material de votación, el registro de varias consejerías y la detención de 14 altos cargos de la Generalitat, en el marco de la llamada Operación Anubis, que provocó movilizaciones en contra.

El domingo 1 de octubre, España entera contuvo la respiración ante la celebración del referéndum de independencia de Cataluña, sin censo y sin garantías. La votación en sentido estricto fue un fracaso de los independentistas, que no lograron movilizar a una mayoría de la población para que participasen en el proceso, pese a que cambiaron el reglamento del mismo introduciendo el censo universal para que cada uno votase donde pudiera, ante la acción de la Guardia Civil cerrando algunos colegios. Sin embargo, el día pasó a la historia por las cargas policiales, que provocaron cerca de 900 heridos, y que volvieron a unir a los independentistas, divididos por lo ocurrido en la consulta. El Gobierno dio por fracasado el intento de votación, pero las imágenes de las duras intervenciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado dieron la vuelta al mundo. Pese a ello, dos días después, Felipe VI, en un mensaje televisado, refrendó la acción del Gobierno, y acusó a los independentistas de “deslealtad inadmisible”.

Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el Gobierno en pleno, durante una manifestación (FOTO: Twitter)

La crisis dio un nuevo giro el 10 de octubre, cuando Carles Puigdemont se presentó ante el Parlament para proclamar los resultados del referéndum y declarar unilateralmente la independencia, pero, apenas ocho segundos de proclamar que Cataluña había mostrado su intención de constituirse en un Estado independiente en forma de república, suspendió los efectos de esa declaración, con el objetivo de iniciar una negociación con el Estado. La respuesta no fue la esperada, y el Gobierno, que ya tenía lista la suspensión del Ejecutivo catalán mediante la aplicación del artículo 155, no se prestó a la voluntad de Puigdemont. El 30 de octubre, el recientemente fallecido fiscal general del Estado, José Manuel Maza, formalizó dos denuncias contra el Gobierno catalán y la Mesa del Parlament por los delitos de rebelión, sedición y malversación, iniciando la causa judicial al respecto. En esos días también se inició la salida de empresas de Cataluña, lo que en última instancia desbloqueó la situación a favor de los intereses del Gobierno.

Unos días antes, el 21 de octubre, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció que su Ejecutivo había decidido aplicar el artículo 155 de la Constitución después de que Puigdemont no contestase a ninguno de sus requerimientos sobre si se había proclamado o no la independencia de Cataluña. La versión de esta aplicación era especialmente dura. Algunos políticos dentro y fuera de Cataluña intentaron entonces conseguir que el presidente de la Generalitat convocase elecciones autonómicas para impedir la aplicación del artículo 155. El 26 de octubre, la noticia de que el presidente había dado su brazo a torcer y había decidido llamar a las urnas recorrió España, sin embargo, en el último momento, Puigdemont dio marcha atrás, y anunció que descongelaba la declaración unilateral de independencia. Al día siguiente, como si fueran dos realidades paralelas, el Senado aprobó las medidas propuestas por el Gobierno en aplicación del 155 por 214 votos a favor, y el Parlament dio luz verde a la declaración unilateral de independencia. Esa misma noche, el Gobierno catalán fue destituido, y se convocaron elecciones para el 21 de diciembre.

Apenas unos días después, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela llamó a declarar al Gobierno catalán cesado por los delitos de los que Maza les acusaba. Acudió ante el tribunal una buena parte del Ejecutivo, entre ellos el vicepresidente Oriol Junqueras. Puigdemont, por su parte, había huido a Bruselas, junto con varios consejeros. Lamela decidió enviar a prisión, donde ya se encontraban Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, activistas proindependencia, a Junqueras y a otros ocho exconsejeros. El encarcelamiento de algunos de los líderes independentistas se convirtió en un argumento importante de una campaña atípica, con un candidato en la cárcel, Junqueras, y otro huido, Puigdemont.

El resultado de las elecciones del 21 de diciembre mostró una división entre dos bloques bien definidos en Cataluña, lo que representa la división de la sociedad, y que demuestra que la situación está lejos de resolverse. La negociación entre partes será necesaria antes o después, sea para buscar una solución en el corto plazo o para reconstruir la concordia que se ha roto con el procés. Sin embargo, 2017 jamás se olvidará, al haber sido un año en que la crisis catalana llegó a extremos inesperados.

EL TERRORISMO VUELVE A GOLPEAR A ESPAÑA

13 años después del último atentado yihadista de gran magnitud, el 11-M, España tuvo que enfrentarse a un nuevo ataque terrorista, esta vez en Barcelona, y en pleno verano. Se trató de un atropello masivo, un modus operandi que el ISIS ya había utilizado en otros ataques en algunos puntos de Europa, como Londres, Berlín o Niza, y sobre todo fue el primer atentado del Estado Islámico en España. El ataque puso un punto y aparte en el conflicto entre Cataluña y el resto de España, y unió a todos al grito de “No tinc por”, no tengo miedo. Las investigaciones posteriores desvelaron la existencia de una célula bien formada en Cataluña, desmintiendo las primeras pesquisas, que apuntaban a un lobo solitario como responsable del ataque.

Barcelona, la tercera ciudad más visitada de Europa tras París y Londres, estaba llena de gente aquel 17 de agosto, y especialmente atestada estaba la principal avenida de la Ciudad Condal, la emblemática Rambla, que conecta directamente con el mar en su tramo final. A las 5 de la tarde de aquel trágico día, un camión entró en el tramo central de la Rambla, y embistió contra todas las personas que encontró. El vehículo recorrió 550 metros a toda velocidad. El conductor del camión incluso zigzagueó para hacer el mayor daño posible, antes de abandonar el vehículo y salir huyendo, después de que el airbag saltase por el impacto con algunas de las víctimas del ataque.

Sobre el suelo, quedaron tendidas las víctimas del ataque. Algunas yacían muertas, y otras muy malheridas. La atención sobre el terreno fue inmediata, al mismo tiempo que los agentes de Policía y Guardia Civil buscaban a los terroristas por los aledaños de la Rambla. Los rumores sobre supuestas explosiones en otras zonas de Barcelona, sobre toma de rehenes y sobre persecuciones policiales se extendieron en la red mientras los diferentes políticos que se encontraban fuera de la Ciudad Condal decidieron regresar. Minutos después, se produjo una primera imagen de unidad, cuando el consejero de Interior, Joaquim Forn, informó de los primeros datos de los que se disponía, y junto a él aparecieron la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo. El número de víctimas mortales, que fue variando con el paso de las horas, quedó definitivamente fijado en 16, aunque los heridos superaron la centena.

La Rambla, desierta minutos después del atentado (FOTO: Twitter)

Esa madrugada, cuando Barcelona estaba empezando a asimilar la tragedia, se produjo un segundo ataque, esta vez en la localidad marinera de Cambrils, en Tarragona. Cinco terroristas que habían sido vistos en una tienda comprando cuchillos y hachas embistieron, a bordo de un coche de marca Audi, contra los viandantes en el Paseo Marítimo de la ciudad. Los cinco terroristas fueron abatidos por una agente de policía. El ataque se saldó con una víctima mortal y seis personas heridas. En aquellos momentos, la Policía y los Mossos d’Esquadra ya habían establecido la relación entre los atentados de Barcelona y Cambrils y una explosión que se produjo horas antes del atropello de la Rambla en una vivienda de Alcanar, en la que fallecieron varias personas. Las investigaciones empezaron a apuntar a que el derrumbe de la casa se había producido por el estallido de varias bombonas de butano que pretendían usarse para los atentados. Uno de los fallecidos en Alcanar fue Abdelbaki Es Satty, imán de Ripoll, del que posteriormente se descubriría que era el cerebro de los ataques.

El 18 de agosto, en la Plaza de Cataluña de Barcelona, se produjo una concentración silenciosa, presidida por el rey Felipe VI, y a la que asistieron los principales líderes políticos españoles, y alguno extranjero, como el primer ministro portugués António Costa. Los manifestantes avanzaron posteriormente hasta el mosaico de Joan Miró, donde se había parado el camión, y colocaron flores en la zona. Los Mossos d’Esquadra, la Guardia Urbana de Barcelona y otros cuerpos de seguridad recibieron días después una condecoración por su acción. Lo más relevante fue sin duda la unidad popular contra el terrorismo.

La investigación fue capaz de reconstruir toda la célula terrorista que había estado planificando el atentado durante meses, y de dar caza a los yihadistas unidos. El más importante de ellos, Younes Abouyaaqoub, fue abatido el 21 de agosto en una zona boscosa de Subirats, en la provincia de Barcelona. Según avanzaron las pesquisas, se conocieron algunos datos de la investigación, principalmente aquellos sobre la intervención del imán en la preparación del ataque, pero también sobre un supuesto aviso por parte de la CIA que prevenía al ministerio de Defensa de un ataque en la Rambla. En una entrevista a INFOACTUALIDAD, el teniente coronel Pedro Baños, experto en geopolítica, defendía que la predicción del atentado había sido casi imposible, dado que los terroristas no habían usado medios electrónicos al ser familia o íntimos amigos.

El historial de España con el terrorismo ha sido largo, después de décadas de lucha contra ETA, y con el yihadismo como nuevo protagonista desde los atentados del 11 de marzo de 2004. En esta década, España ha avanzado a pasos agigantados en materia de previsión, con estructuras ad hoc que han permitido la detección y prevención de posibles atentados, con la detención de un elevado número de yihadistas durante estos años. Sin embargo, el ataque de Barcelona, que podría haber sido más cruel, ya que la investigación reveló que el verdadero objetivo de los atacantes era derribar la Sagrada Familia, fue muy duro para España, y volvió a unir al pueblo en el horror y en la solidaridad.

GÜRTEL, ERE Y NÓOS, PROTAGONISTAS JUDICIALES DEL AÑO

Desde hace ya varios años, la corrupción es una de las principales preocupaciones de la población española. La sensación generalizada de que el país se ha convertido en una cleptocracia crece cada vez que se descubre un caso al respecto. La lentitud en la instrucción judicial aumenta la sensación de impunidad de los supuestos corruptos, y la desconfianza popular hacia las instituciones. Este año, sin embargo, se han iniciado los juicios por dos causas de corrupción que afectan a los dos principales partidos españoles, el caso Gürtel y el caso de los ERE, y se ha dictado sentencia en el caso Nóos. Ha sido también el año en que Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, se ha tenido que sentar en el banquillo para declarar como testigo en el proceso de Gürtel.

 

La comparecencia de Rajoy se produjo el 27 de julio, y fue posible gracias al cambio de criterio del juez Julio de Diego, que decidió votar a favor de la petición registrada por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), cuyo presidente, Mariano Benítez de Lugo, pidió que el presidente del Gobierno compareciese como testigo en el juicio por la primera etapa de la trama Gürtel, que cubre de 1999 a 2005. El presidente del tribunal, Ángel Hurtado, se opuso a ello, y el PP pidió que Rajoy compareciese por videoconferencia por razones de seguridad. El tribunal se opuso, y Rajoy fue llamado definitivamente a declarar.

Sin embargo, lo hizo en circunstancias especiales, al ser recibido en la puerta de la Audiencia Nacional por el presidente de la misma, José Ramón Navarro, y al permitírsele colocarse al lado del juez, en una vista en la que estuvo presente el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón. El juez Hurtado no permitió a Benítez de Lugo, que lideró las preguntas al presidente del Gobierno, que formulase algunas de sus interpelaciones, al considerarlas irrelevantes, y Rajoy se mantuvo a la defensiva en todo momento, utilizando un tono evasivo e incluso faltón ante las preguntas de la defensa. Desde el PP, se acusó a los partidos progresistas de ser responsables de esa declaración, y, a finales del mes de noviembre, se anunció la sustitución del juez De Diego, que había permitido la intervención de Rajoy, por otro magistrado conservador en el tribunal que juzga la trama Gürtel.

En el otro extremo del tablero político, dos expresidentes de la Junta de Andalucía, una exministra y varios altos cargos del Gobierno andaluz se sentaron ante la jueza María Núñez Bolaños, acusados de haber diseñado un sistema fraudulento a partir de ERE fraudulentos en la empresa Mercasevilla, y de defraudar 1.200 millones de euros de dinero público. Tras varios años de instrucción, y después de que el tribunal decidiese dividir la macrocausa en varios juicios individuales, todos los acusados se enfrentaron por primera vez ante el tribunal. Las peticiones de cárcel son diferentes. José Antonio Griñán, presidente de la Junta entre 2009 y 2013, se enfrenta a seis años de cárcel y a 30 años de inhabilitación para cargo público, por el delito de malversación continuada, mientras que su antecesor, Manuel Chaves, no tiene petición de cárcel, aunque sí de inhabilitación de 10 años, al igual que Magdalena Álvarez.

El caso de los ERE ha supuesto un importante golpe para el PSOE de Andalucía, que lleva gobernando en la región desde la restauración de la autonomía, ya que destapó toda una red clientelar relacionada con los socialistas. La actual presidenta, Susana Díaz, elegida en 2013 cuando sobre Griñán pendía la amenaza del procesamiento, ha intentado  aclarar al máximo el caso, y colaborar con la justicia. A nivel nacional, el PSOE, que defendió la inocencia de Chaves y Griñán antes de que se les abriese juicio oral, aplicó su código interno y les dio de baja de militancia. El grueso del juicio se producirá en 2018, y aún no hay una fecha hipotética para que se dicte sentencia.

En el mes de febrero, se hizo pública una de las sentencias más esperadas de los últimos años, la del caso Nóos, en el cual estaban imputados la hermana de Felipe VI, la infanta Cristina, su esposo, Iñaki Urdangarin, y el expresidente del gobierno balear, Jaume Matas. La Audiencia Provincial de Baleares condenó a Urdangarin a seis años y tres meses de cárcel, mientras que su socio, Diego Torres, fue condenado a ocho años y medio. La infanta Cristina, por su parte, fue absuelta de los dos delitos fiscales por los que estaba acusada, aunque se le condenó a devolver íntegramente el dinero cargado a la tarjeta de la empresa Aizoon. Las penas provocaron indignación en una parte de la sociedad, al ser sensiblemente inferiores a las peticiones de la fiscalía. Pese a la iniciativa del fiscal Pedro Horrach, que pidió que se decretase la ejecución inmediata de la sentencia, Urdangarin aún no ha entrado en prisión, y sigue residiendo en Suiza.

 

Según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la corrupción cuesta a cada español 2.000 euros al año, lo que resulta inaceptable. La falta de mecanismos de control y el hecho de que aún no se haya regulado la responsabilidad política de los corruptos provoca que este problema sea considerado uno de los más importantes por parte de los españoles. Las reformas en este sentido deben garantizar la eliminación del sentir general de impunidad de los corruptos y prever mecanismos para la devolución de todo el dinero robado. La corrupción será con toda seguridad un tema importante el próximo año.

PEDRO SÁNCHEZ GANA LA BATALLA DEL PSOE

2016 se cerró con un Partido Socialista Obrero Español en llamas, con una fractura abierta entre la cúpula y la militancia desde el tormentoso Comité Federal del 1 de octubre de 2016 que acabó con la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general y la formación de una Comisión Gestora teledirigida por la presidenta andaluza, Susana Díaz, que tras muchos años sopesándolo, decidió dar el paso y presentarse a las primarias. Los barones contrarios a Sánchez estaban convencidos de que le habían neutralizado, y por ello, se colocaron detrás de la presidenta andaluza sin duda de cara a la elección interna. Sin embargo, las primarias del 21 de mayo de 2017 devolvieron a Sánchez al poder en el PSOE, para sorpresa de la vieja guardia socialista, que había infravalorado la potencia de la militancia.

La noche de las primarias, el periodista Fernando Garea publicó en “El País”, periódico que dirigió duras acusaciones personales contra el secretario general durante la crisis socialista de 2016, un artículo de análisis llamado “Es la abstención”. En él, Garea explicaba que el motivo de que Sánchez hubiera ganado de nuevo era que, en la militancia, había dolido profundamente la abstención del año anterior para hacer presidente del Gobierno a Mariano Rajoy, una abstención defendida fervientemente en público por los líderes autonómicos socialistas y en privado por Susana Díaz. La Gestora, en los días que siguieron a la marcha de Sánchez, prometió que se intentaría hacer pedagogía de la abstención, explicando en qué circunstancias se producía y por qué era necesaria. Sin embargo, esa abstención ni fue pedagógica ni buscó cerrar las heridas internas del PSOE, puesto que la Gestora decidió que todo el grupo parlamentario se debía abstener, obligando a Sánchez a dimitir como diputado para no incumplir el mandato del Comité Federal y a los contrarios a la abstención a exponerse a una multa si decidían votar no. Finalmente, 15 diputados y diputadas socialistas rompieron la disciplina de voto.

Mientras Sánchez inició su camino de regreso hacia la secretaría general socialista a principios de año, recorriendo un buen número de federaciones regionales y llenando la mayor parte de sus actos, Susana Díaz dilató su decisión, pues era consciente de que la imagen que tenía fuera de Andalucía no era muy buena, y sabía que ello no le beneficiaba. Entre medias, el exlehendakari Patxi López decidió presentar su candidatura, en lo que fue visto como un movimiento de la campaña de Díaz para partir el voto crítico y facilitar la victoria de la presidenta andaluza. En parte fue así, ya que una buena parte de los líderes autonómicos que se habían colocado del lado de Sánchez durante el conflicto interno decidieron apoyar a López, provocando dudas en el fuero interno del exsecretario general sobre la pertinencia de continuar en la carrera, dudas que se solventaron muy pronto.

Pedro Sánchez, flanqueado por Susana Díaz y Patxi López tras ganar las primarias (FOTO: Twitter)

Susana Díaz anunció su candidatura a la secretaría general del PSOE en un acto multitudinario en el IFEMA de Madrid en el mes de marzo, acompañada por los dos expresidentes del Gobierno socialistas, un buen número de antiguos ministros y la práctica totalidad de los líderes autonómicos. El equipo de Díaz señaló que su candidatura había unido a viejos enemigos en el seno del PSOE en un mismo proyecto, y que esto la hacía muy fuerte, pero pronto empezaría a demostrarse que era una campaña condenada al fracaso. Apenas un día después del acto, se hizo público que una de las teloneras de la presidenta andaluza, Estela Goikoetxea, en representación de las Juventudes Socialistas, y que ostentaba un cargo directivo en un organismo público de Cantabria, había falseado su currículum, y no tenía la cualificación para el puesto que ejercía, viéndose obligada a dimitir. Desde la campaña de Díaz, no se hizo ningún comentario al respecto.

El primer gran golpe de la campaña de Pedro Sánchez a la de su rival interna se produjo el día de la entrega de los avales. Desde el entorno de la presidenta andaluza, se decía que esta iba a “enterrar en avales” al exsecretario general, eliminando toda duda sobre las primarias. Sin embargo, el resultado fue otro. Díaz lideró en avales, pero Sánchez se quedó a solamente cinco puntos de ella. La euforia comenzó en la campaña de Sánchez, al entender que si la presidenta, con todo el aparato del partido tras ella, solamente había conseguido 8.000 avales más que ellos, había partido. El debate electoral que se celebró a escasos días de la votación fue vencido por Sánchez, que se impuso sobre una Susana Díaz errática y sin propuestas concretas.

La sorpresa se completó el día de las primarias, con la victoria de Pedro Sánchez por mayoría absoluta. Susana Díaz solamente ganó en Andalucía, y por menos margen de lo esperado. Sánchez ganó en todas las regiones, salvo Andalucía y País Vasco, y en algunas, como en Cataluña, donde la distancia fue de 70 puntos, superó a Díaz ampliamente. Sánchez y su equipo celebraron la victoria en la misma sala en la que el Comité Federal que había acabado con su salida de la dirección del partido se había celebrado, y prometió llevar a cabo todas las medidas progresistas que vertebraron su discurso de campaña.

Las razones por las que Díaz y con ella todo el aparato del PSOE perdió fueron varias, entre ellas, que creyeron que aplazando las primarias hasta mayo desmovilizarían a los partidarios de Sánchez, que pasaron más tiempo atacando al exsecretario general que haciendo propuestas, y que no hicieron ningún esfuerzo por intentar que la Gestora no fuese parcial. Más de cinco meses después de su victoria, el mandato claro de Sánchez para llevar al PSOE hacia la izquierda ha quedado en suspenso por la crisis catalana, que ha obligado al secretario general a abandonar sus proyectos de plurinacionalidad y a colocarse del lado del Gobierno. La duración de esta situación en Cataluña condicionará la forma en la que el líder socialista se presente a las próximas elecciones. De momento, no ha llevado a cabo ninguna de las reformas y medidas que prometió implementar, empezando por la petición de dimisión a Mariano Rajoy. Sánchez está investido de más poder que el que nunca ha tenido un líder socialista, sin embargo, cometería un error si olvida sus compromisos por culpa de la crisis catalana.